miércoles, 30 de diciembre de 2009

LOS KJARKAS

 



    




  


  


munasqetay
tuta punchay maskakunay
tarispa suscucunay warmisitay
munasqetay
tuta punchay maskakunay
tarispa suscucunay warmisitay
qanraykullay ña karin viday
sonqo kullay sipasitay
qanraykullay ña karin viday
sonqo kullay sipasitay

mi buen amor
mi herida de amor mi verdad
mi credo razon de vivir
mi lluvia de abril
mi buen amor
mi herida de amor mi verdad
mi credo razon de vivir
mi lluvia de abril
gracias a ti mi triste vivir
pudo cambiar en un jardin
 



 



 



 






   
  





 



 



 



 

















sábado, 19 de diciembre de 2009

PEDRO GUERRA







SE ENAMORO DE UN RIO - PEDRO GUERRA


Se enamoró de un río, del cristalino mirar, de sus ojos anfibios.

Se enamoró de un río, de la promesa final, de un descanso marino.

Y acarició la arena y se abrazó a la espuma,
del manantial cabello de su hermosura.

Se enamoró de un río, de su pasado invernal, de sus troncos heridos.

Se enamoró de un río, de su presente fugaz, del remanso escondido.

Y acarició la arena y se abrazó a la espuma,
del manantial cabello de su hermosura.

Y lo en volvió la corriente con su torbellino blanco
y recibió entre los musgos un masaje de guijarros.

Se enamoró de un río, del serpentino ritual, de sus pies coralinos.

Y acarició la arena y se abrazó a la espuma,
del manantial cabello de su hermosura






 










































 






































































 


 



 

viernes, 4 de diciembre de 2009

viernes, 13 de noviembre de 2009

LATIDOS- A REDOBLAR GRUPO RUMBO URUGUAY

 







A REDOBLAR

Volverá la alegría
a enredarse con tu voz.
A medirse en tus manos
y a apoyarse en tu sudor.
Borrará duras muecas pintadas
sobre un frágil cartón de silencio
y el aliento de murga saldrá...

A redoblar, a redoblar.....
A redoblar muchachos esta noche,
......

cada cual sobre su sombra,
cada cual sobre su asombro
a redoblar, desterrando,
desterrando la falsa emoción,
el "la-la-la", el beso fugaz,
la mascarita de la fe.
A redoblar muchachos que la noche
nos presta sus camiones
y en su espalda de balcones
y zaguán, nos esperan,
nos esperan otros redoblantes,
otra voz, harta de sentir,
la mordedura del dolor.

A redoblar muchachos la esperanza.
Que su latido insista
en nuestra sangre
para que ésta nunca olvide su rumbo.

Porque el corazón no quiere
entonar más retiradas.

Porque el corazón no quiere.

JOAQUIN SABINA

  



  





  



  



  



  



   



  





  




  





  



  





sábado, 7 de noviembre de 2009

lunes, 2 de noviembre de 2009

FALSOS POSITIVOS - VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS



 

LOS CASOS DE FALSOS POSITIVOS EN COLOMBIA SON MAS DE 1.800 DENUNCIA LA ONU

Martes, 14 de Julio de 2009 09:26

 



Los casos de “falsos positivos”  (civiles asesinados por miembros del Ejército) se encuentran en investigación, pero no solo por los máximos organismos judiciales, como la Fiscalía, sino también por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual ya arroja los primeros resultados.

 

Precisamente, un relator especial de la ONU visitó el país convocado por los principales partidos políticos de oposición y por organizaciones no gubernamentales, ante la serie de asesinatos que despertó la sospecha entre los sectores humanitarios de que los crímenes no eran simples casos aislados entre las Fuerzas Militares.

 

Según investigaciones de las Naciones Unidas, los asesinatos sistemáticos de jóvenes y campesinos cometidos por el Ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate suman aproximadamente 1.800.

 

La cifra fue publicada en un informe de su relator, Philip Alston, quien estuvo en Colombia investigando estos hechos. El funcionario aseguró, además, que estos asesinatos no son obra de unas cuantas ‘manzanas podridas’, como quiere hacer ver el gobierno de Álvaro Uribe. El relator afirma que el gran número de asesinatos, la amplia geografía abarcada y el elevado número de militares implicados, casi evidencia el hecho de que los homicidios “fueron llevados a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos del Ejército y son un “crimen de Estado”.

 

Sin embargo, Philip Alston confesó que no encontró indicios irrefutables que prueben la participación directa de los altos mandos del gobierno de Uribe, y tampoco que el macabro sistema fuera de su conocimiento. Aunque sí culpó de los asesinatos al sistema de recompensas que establece el programa de Seguridad Democrática implantado por el presidente Uribe para ganar la guerra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc).

 

Los casos de los “falsos positivos” comenzaron a registrarse desde el año pasado, cuando muchos jóvenes desempleados empezaron a desaparecer de sus lugares habituales de residencia en diferentes ciudades del país, para luego aparecer muertos en supuestos combates y ser señalados por el Ejército de pertenecer a grupos de paramilitares o guerrilleros, según el caso.

 

 Como sucedió en algunas ocasiones, los cadáveres de los jóvenes lucían vestidos con prendas que usualmente utilizan los guerrilleros o los paramilitares para dar mayor credibilidad al ‘combate’.

 

Philip Alston confesó que no encontró indicios irrefutables que prueben la participación directa del Gobierno 

 

Generalmente, cuando las fuerzas militares se enfrentan a grupos ilegales o subversivos y registran la mayor cantidad de muertos en las filas enemigas, los soldados que participan en la acción son premiados con permisos y ayudas económicas.

 

En varias declaraciones a los medios y a las autoridades, un coronel del Ejército que prefirió el anonimato sugirió que el rápido crecimiento estaba relacionado al “síndrome del conteo de bajas” en el Ejército colombiano.

 

El uniformado dijo que “esta mentalidad tiende a incentivar las violaciones a los derechos humanos por soldados bien intencionados que tratan de cumplir su cuota para impresionar a sus superiores”.  Y agregó que también “podría conducir a que los militares, pasivamente, permitan que los paramilitares sirvan de asistentes del Ejército y así les ayuden a subir su cuota de bajas de la guerrilla”.

 

Sobre este hecho, el defensor de derechos humanos, Iván Cepeda, sostuvo a El Telégrafo que “esa es una actividad macabra de muchos militares, que fue ocultada por sus superiores y ahora ha quedado al descubierto por las continuas denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos y por la visita del relator de las Naciones Unidas.

 

Precisamente, cuando el país creía que estos hechos  se debían a casos aislados de militares criminales, se descubrió que el número de casos de desaparecidos por obra de las fuerzas regulares podría llegar a los 1.800.

 

Aunque de acuerdo con documentos e investigaciones realizadas por la CIA (Agencia de Inteligencia de EE.UU.) y el Gobierno de EE.UU. –varios de ellos han sido desclasificados y publicados, las acciones de los “falsos positivos” por parte de las fuerzas militares vienen desde hace mucho tiempo. Sin embargo, solo en los dos últimos años recobró vigencia, cuando se descubrió que varios jóvenes desempleados que habían desaparecido misteriosamente en Soacha, una localidad del área metropolitana de Bogotá, aparecieron muertos a 1.000 kilómetros de sus hogares.

 

Este escándalo fue conocido por el país a mediados del año pasado, cuando once madres de jóvenes de esta localidad denunciaron que sus hijos, inicialmente reportados como bajas en combate pertenecientes a grupos guerrilleros, fueron asesinados, al parecer, por miembros de la fuerza pública en la zona rural de Ocaña (norte de Santander).

 

Desde entonces, y aun cuando el Presidente destituyó a 27 militares, incluidos tres generales y otros oficiales de alto rango, los familiares siguen reclamando justicia.

 

El Gobierno, por su parte, a través del actual ministro de defensa encargado, general Freddy Padilla de León, ha dicho que los “falsos positivos” son casos aislados cometidos por algunos miembros del Ejército que no merecen estar en esa institución y por eso han solicitado a la justicia que aplique todo el peso de la ley.

 

Sin embargo, esta situación ya ha trascendido las fronteras, porque varias organizaciones europeas han solicitado a los representantes de la Unión Europea no negociar ningún Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia, hasta que se esclarezcan estos crímenes, al igual de lo que sucede en Estados Unidos, donde sindicatos y senadores demócratas tienen frenado el TLC por las supuestas violaciones de los derechos humanos por parte del Ejecutivo.

 

El síndrome del conteo de bajas



Una nueva colección de documentos diplomáticos, militares y de inteligencia desclasificados que fueron publicados por la organización National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional) de Washington D.C., describe cómo el “síndrome del conteo de bajas” ha sido uno de los principios que han guiado el comportamiento militar colombiano por años. Esta mentalidad ha llevado a violaciones a los derechos humanos –como los falsos positivos– y ha incentivado la colaboración con los grupos paramilitares. Como tales, los documentos despiertan algunas preguntas importantes sobre las responsabilidades legales e históricas que el Ejército debería asumir frente a lo que parece ser un incentivo institucional de larga data para cometer asesinatos.



El registro más antiguo sobre este fenómeno específico data de 1990. Ese documento, un cable aprobado por el embajador de EE.UU.,Thomas McNamara, reportó un preocupante aumento de violaciones atribuidas al Ejército de Colombia. Al mismo tiempo, la Embajada en Bogotá empezó a ver la conexión entre las fuerzas de seguridad colombianas y los florecientes grupos paramilitares del país. Muchos de los recientes abusos del Ejército sucedieron “en el curso de operaciones conjuntas de grupos paramilitares armados en las cuales participaron oficiales y reclutas”, según el cable desclasificado.

 

LAS EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES FUERON SISTEMATICAS



Viernes, 19 de Junio de 2009 09:18 El País Colombia


El relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales Philip Alston ha declarado este jueves que los asesinatos de jóvenes civiles en varias regiones de Colombia fueron "una práctica sistemática" de las fuerzas de seguridad, las cuales alegaban que eran guerrilleros muertos en combate.

"El problema de los falsos positivos -asesinatos de civiles por las autoridades- resultó de una práctica sistemática en el seno del Ejército", ha remarcado Alston durante la presentación de un informe preliminar sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia que será elevado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. "La expresión falsos positivos brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio", ha matizado.

Según Alston, el "desafío" ahora consiste en que el Ejército reconozca la extensión del problema y tome todas las medidas necesarias para castigar a los responsables y también que se pueda prevenir "una reincidencia".

Alston también ha denunciado que ha habido un "hostigamiento sistemático" por parte de los militares hacia los supervivientes de esos actos y sus familiares.

Durante su visita a Colombia, el funcionario de la ONU, de nacionalidad australiana, se ha reunido con el presidente Uribe, sus ministros, jefes militares, las autoridades judiciales y con más de cien testigos, víctimas y supervivientes de esas ejecuciones.
El respresentante de la ONU ha agregado que varios de los paramilitares desmovilizados en un proceso de paz con el Gobierno han reincidido en el crimen y también continúan realizando ejecuciones en "gran número a través del país".

 

VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS



 

 

 

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Otra estocada. A una larga lista de flagrancias en materia de derechos humanos –que contaron en recientes hechos con los escándalos de “falsos positivos” e interceptaciones ilegales–, se suman otras, reveladas por el informe, en varios acontecimientos de 2008. Se trata de la difícil situación de derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el país, que tomó dimensiones criticas con ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias e ilegales, desapariciones forzadas, desmovilización de grupos paramilitares (a partir de la llamada Ley 975), entre otros.

El organismo atribuye estas acciones a los grupos armados ilegales y las fuerzas armadas del Estado colombiano, a lo cual se agregan las arremetidas por parte de grupos insurgentes contra la población civil, en cuanto a reclutamiento forzado de niños y niñas, minas antipersona y privación indefinida de la libertad. Tales errores han implicado, según el informe, la muerte de personas acusadas de pertenecer al Ejército, así como el lanzamiento de explosivos a tres personas en Corinto (Cauca) y los ataques al Palacio de Justicia de Cali.

Todo ello en el marco de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. El informe hace patentes las condiciones de pobreza y extrema pobreza en la que vive gran parte de la población, de suerte que le recomienda al gobierno colombiano avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, en los que se atisban serias deficiencias. “Se habla de que al menos el 48 por ciento de los niños tiene acceso a la educación preescolar; las tasas de embarazo adolescente continúan incrementándose, llegando a más del 20,5 en mujeres de 15-19 años, y al 16 de los hogares que vive en condiciones precarias o poco dignas”, según cifras del PNUD.

Entre otros aspectos, el documento resalta los continuos hostigamientos que viven grupos vulnerables como los activistas sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos, en quienes cae el peso de la represión con homicidios, daños a propiedad, robo de información y amenazas. Sólo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reportó la muerte de 41 personas pertenecientes a 24 organizaciones.

Otras situaciones se presentan con serios agravantes como la falta de avances en la Ley de “Justicia y paz” y la deuda con las víctimas de estos crímenes. “Al 31 de octubre de 2008, del total de 3.637 personas postuladas para ser investigadas y juzgadas por esta Ley, sólo 1.626 habían iniciado la primera etapa procesal denominada versión libre”, se expresa en el informe.

El organismo recomendó, entre otras cosas, que todas las partes del conflicto acepten y acaten en su integridad el Derecho Internacional Humanitario, respetando sin excepciones la vida, la integridad y los bienes de la población civil; que la Fiscalía General de la Nación acelere los procedimientos en el marco de la Ley de “Justicia y Paz”, así como debe asegurar que todos los desmovilizados de grupos armados ilegales que hayan cometido delitos graves sean juzgados y contribuyan de manera efectiva a satisfacer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas.

De otro lado, instó a que este organismo dedique todos sus esfuerzos al fortalecimiento de las investigaciones y el control disciplinario para mejorar la protección de los defensores de derechos humanos, tanto como a combatir la estigmatización y la impunidad. Del mismo modo, el organismo hace énfasis en la importancia de trabajar en la prevención de los delitos de violencia sexual contra las mujeres, con las pertinentes investigaciones y sanciones jurídicas.

 

VIOLENCIA - MERCADO DE LA JUSTICIA

 



 

 

Entre 1 y 4 millones de pesos se cotiza un testimonio o, mejor, un “falso positivo judicial” en diversas instancias jurídicas colombianas y diferentes coordenadas territoriales. Quienes se atreven a denunciar a los victimarios; acompañar a las víctimas en su derecho a la justicia, la verdad y la reparación, o simplemente a opinar diferente de lo prescrito por los poderes establecidos y sus agentes socializadores, los medios masivos de comunicación, son objetivo inmediato de un sistema de estigmatización, judicialización y condena ejercido por diversas instancias jurídicas locales y nacionales . Sin antecedentes conocidos en lugar alguno, en Colombia se judicializa a quienes, cansados de la impunidad y la inoperancia del aparato de justicia nacional, acuden a instancias jurídicas internacionales y así, según quienes defienden este sistema perverso, desprestigiar a la nación y con ello hacerles eco a las atrocidades de los diversos actores armados que actúan en el país.

Las “comunidades de paz”, establecidas en lugares apartados de la nación, víctimas de formas sistemáticas de violencia y exterminio, les han propuesto al país y la conciencia jurídica universal una práctica “más allá de la justicia”, en la cual, cansados de la impunidad y la violencia, conviven de manera pacífica, con absoluta restricción a cualquier acción armada y ejerciendo una forma de justicia comunitaria autónoma y respetuosa de los derechos y deberes individuales y colectivos. Esta opción surge después de deambular durante muchos años por los estrados judiciales, buscando justicia para las víctimas y sanción para los victimarios de una violencia indiscriminada que sobre ellos recae, por el simple hecho de vivir en armonía social y equilibrio ambiental, en territorios que son apetecidos comercial y militarmente por diversos grupos económicos y sociales.

Es así como en los últimos días vemos con preocupación el incremento de los señalamientos y los montajes judiciales contra defensores de derechos humanos y en particular quienes acompañan a las comunidades más desprotegidas. Entre ellos, destacamos las acciones emprendidas contra el padre Javier Giraldo, sacerdote jesuita, quien, igualmente cansado de la impunidad y habiendo agotado infinitas veces las instancias institucionales en búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia, hoy se declara en disidencia jurídica o, mejor, en objeción de conciencia, y así ejerce su disidencia, negándose a colaborar con una justicia que, como él mismo dice, es “aberrante”. Ante los innumerables requerimientos judiciales que se le han hecho, que datan ya de 2002, este defensor de los derechos humanos ha elaborado un documento (cerca de 40 páginas) en el cual consigna de manera magistral las razones y constancias que sustentan su objeción. En silencio y con valentía, presenta ante los estrados judiciales ese documento cuando es requerido, elevando así su protesta y su disidencia ante la ilegitimidad, la impunidad y la consecuente pérdida de credibilidad en el sistema de justicia colombiano. Los hechos hablan por sí solos .

Al día siguiente de una horrenda masacre en San José de Apartadó (22 de febrero de 2005), perpetrada por miembros de la Brigada 17 del Ejército y en compañía de paramilitares, el padre Javier Giraldo, S.J., denunció ante los medios de comunicación tales hechos y asimismo a sus responsables, y posteriormente ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes (18 y 25 de mayo del mismo año).

El coronel Néstor Iván Duque, comandante en su momento del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada 17, presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el padre Giraldo por los supuestos delitos de falsa denuncia, injuria y calumnia; así mismo, contra el abogado Elkin Ramírez Jaramillo, presidente de la Corporación Jurídica Libertad y contra el ex defensor del pueblo de Urabá, Miguel Ángel Afanador, por el delito de “falsa denuncia”.

La Fiscalía 216, Seccional de Paloquemao en Bogotá, ha ordenado vincular mediante indagatoria al padre Javier por los delitos de falsa denuncia y calumnia.

Ante estos hechos, la objeción de conciencia, acompañada de la disidencia civil y jurídica, practicada por el padre Giraldo, debe ser la acción colectiva de quienes creemos que Colombia merece una justicia veraz, más allá de las trampas jurídicas, la impunidad y el olvido ante una crisis humanitaria que SÍ nos avergüenza ante cualquier conciencia o nación que, como nosotros, propenda por una justicia con sanción a los victimarios, y verdad y reparación a las víctimas.